Del 100 por ciento de quienes ofician como jueces en las competencias que fiscaliza la Federación Boliviana de Ciclismo, la mitad (de 12 hay 6) lo hace en calidad de “adjunta”, término que se le asigna a los que pueden cronometrar y ser útiles en las pruebas, pero que carecen de una titulación oficial.
La del ciclismo es solo una muestra que (si bien no permite generalizar) ofrece un panorama sobre la realidad que viven las federaciones atléticas del país de cara a los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.
Volviendo al ejemplo del pedal, esa suerte de “jueces informales” son aquellas personas que colaboran como largadores (los que sostienen a los pedalistas segundos antes de que partan) y que también pueden fungir como comisarios de ruta en medio de la carretera.
Algunos entrenadores experimentados y dirigentes contemporáneos coinciden en afirmar que la formación de jueces y árbitros en Cochabamba no responde a una “capacitación planificada”, requerimiento que creen elemental para que el país exponga una representación “digna” en los Juegos.
Por otro lado, a menos de dos años para que la Llajta reciba a 5 mil atletas del continente, no se impulsó una campaña para convocar a la masa de voluntarios, factor que será vital para la organización y la logística de la cita.
Desde el Comité Organizador de los Juegos (Codesur) señalan que el movimiento publicitario comenzará pronto. Sin embargo, los allegados al deporte advierten que la capacitación debe iniciar instantáneamente.
El reconocido entrenador y formador potosino de nadadores Marco Ramírez, quien ha estado en el Mundial de Roma 2008 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012, entre los tantos eventos que figuran en su expediente, está pensativo. No observa una “capacitación planificada” de jueces, árbitros, entrenadores y voluntarios. Esto es, un plan que esté sujeto a un fin y que se prolongue en el tiempo.
Cuando Ramírez dice que “es imposible que Codesur se atribuya la potestad de hacer una convocatoria directa”, deja en claro que son las 37 federaciones deportivas las que tienen que encargarse de esa tarea. Antes de ello, “el COB debe hacer llamados dirigidos a las propias federaciones para ver cuáles son sus necesidades”. El Estado, mediante el Ministerio de Deportes, es el responsable de desembolsar los recursos. Aunque, según el ministro Tito Montaño, la responsabilidad debe ser “compartida”, pues “se tiene que establecer un trabajo en conjunto”.
TITULACIÓN
Desde la perspectiva del ciclismo, a modo de ejemplo, también la situación es crítica. El presidente de la FBC y titular de la Asamblea del Deporte, Edgar Herrera, indica que, en la actualidad, los comisarios y jueces de las contiendas locales se basan en la experiencia. En ese grupo no entran quienes sí están calificados, como es el caso de los jueces nacionales nivel UCI Kelly Guzmán, Rubén Orellana y Marco Antequera, 3 de los 12 fiscalizadores que forman parte de la FBC.
Colaboradores como Miguel Miranda, Fernando Corrales, Daniel García, Luis Téllez y Sebastián Machicao son algunos de los que no están “titulados” oficialmente, pero que de todas maneras ayudan en el control.
“Necesitamos material, capacitación de jueces, de entrenadores y de dirigentes”, insiste Herrera. Y eso que la capacitación dirigencial figura como deber dentro de la nueva Ley Nacional del Deporte (art. 39, Sección II, Dirigencia Deportiva Nacional).
En el ráquet también gobierna el empirismo. En los torneos locales y nacionales que se organizan en el Polifuncional de Sarco suele darse la figura de que los mismos que compitieron en partidos previos ofician de fiscalizadores y llevan la cuenta en el marcador.
VOLUNTARIOS
Personeros de Codesur manifiestan que recién se impulsará la campaña publicitaria para captar voluntarios de cara a los Juegos. La institución prevé contar con 3.500 aproximadamente y hará convenios con universidades y colegios.
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